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Wednesday, September 04, 2013

código procesal penal

Ministro Chadwick entregó detalles del proyecto que modifica el Código Procesal Penal

Noticias Agricultura

Publicado el Miércoles 04 de Septiembre del 2013 a las 11:52

El titular de Interior llegó hasta el Congreso para presentar la iniciativa del Ejecutivo, que será entregada hoy a la comisión de Constitución del Senado.


El ministro del Interior, Andrés Chadwick, llegó hoy hasta el Congreso para presentar el proyecto que modifica el Código Procesal Penal, y que durante esta jornada será entregado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.

El secretario de Estado explicó que estas indicaciones "entregan más atribuciones a jueces de garantía y las oficinas, lo que permitirá a las policías desarrollar las primeras diligencias en el sitio del suceso".

Además, explicó que "en caso de una detención, las policías podrán revisar las vestimentas, equipajes y vehículos", mientras que detalló que "los medios audiovisuales podrán ser usados como pruebas en caso de delitos flagrantes".

De igual forma, indicó que con esto también se busca "facilitar el ingreso de las policías a lugares cerrados, no solo cuando se produce el llamado desde el interior, sino que también cuando haya evidencia de que se está destruyendo objetos propios del delito".

"Estamos introduciendo una indicación para que reiteremos en el Código lo mismo que dice en la Constitución: que los jueces deberán evaluar la necesidad de que una persona quede en prisión preventiva para la necesidad de una investigación", añadió Chadwick.

Esto último debido a que "el actual código señala que la prisión preventiva es la última medida cautelar que se debe imponer, y eso queremos cambiarlo", ya que facilita que los imputados no colaboren en la investigación o derechamente se escapen.

Foto: AgenciaUno

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ESTO ES DOCTRINALMENTE GRAVE.MAGISTRADOS EMPLAZAN A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Jueces piden perdón por sus "acciones y omisiones" durante la dictadura militar

La Asociación de Magistrados reconoció que el "Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más" y llamó a la Corte Suprema a realizar también una "reflexión crítica" de sus actuaciones del pasado.

SANTIAGO.- La Asociación de Magistrados del Poder Judicial pidió hoy perdón a las víctimas de la dictadura y sus deudos "por acciones y omisiones cometidas" en ese momento de la historia, en el marco de la reflexión que han realizado diversas instituciones por la conmemoración de los 40 años del Golpe Militar.


"El Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal", señaló la entidad a través de una declaración pública.


En su mea culpa, los magistrados también señalan que la judicatura incurrió en "acciones y omisiones impropias de su función al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención".


"El Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más, máxime cuando fue la única institución de la República que no fue intervenida por el gobierno de facto", enfatizaron.


E inmediatamente añadieron: "sin ambigüedades ni equívocos, ha llegado la hora de PEDIR PERDÓN a las víctimas, sus deudos y a la sociedad chilena".


Asimismo, hicieron un llamado a la Corte Suprema a "realizar también la necesaria reflexión crítica en relación con sus propias actuaciones y omisiones del pasado".


"Abrigamos la esperanza de que la actual Excma. Corte Suprema, cuyo rol de tutela de los derechos fundamentales ha quedado de manifiesto en el ejercicio presente de su función, no desoiga la sentida solicitud de los jueces que aspiran a distanciarse de un oscuro pasado que involuntariamente han recibido como herencia", afirmaron.


Finalmente sostuvieron que "la respuesta que esperamos aliviará a las actuales y futuras generaciones de magistrados de la vergüenza y oprobio anudados a este capítulo de nuestra historia".


































































Fuente:EMOL

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OIT: Empleados domésticos por iguales derechos con convenio internacional

Empleados domésticos por iguales derechos con convenio internacional PDF Imprimir E-Mail

Naciones Unidas, 4 sep (PL) Mañana entrará en vigor el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), iniciativa adoptada en junio de 2011 para extender los derechos laborales básicos a los trabajadores domésticos, destacó hoy la entidad integrada por 185 países.

En una nota de prensa, la OIT califica de histórico el instrumento destinado a combatir situaciones como las deplorables condiciones de trabajo, el abuso y la falta de protección legal que enfrentan en el planeta una parte importante de las más de 50 millones de personas vinculadas con el empleo doméstico.

La iniciativa adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo es un instrumento vinculante para los países que lo ratifican, paso dado hasta el momento por ocho estados miembro de la OIT (Bolivia, Filipinas, Italia, Mauricio, Nicaragua, Paraguay, Suráfrica y Uruguay).

Este Convenio ya comenzó a jugar un rol efectivo en aras de un cambio a favor de los trabajadores domésticos, materializado a través de nuevas políticas que reconozcan la dignidad y el valor de ese tipo de empleo, afirmó Manuela Tomei, directora del Departamento de Igualdad y Condiciones de Trabajo de la Organización.

Para la funcionaria, la entrada en vigor mañana del Convenio 189 envía una poderosa señal en beneficio de los más de 50 millones de trabajadores domésticos a nivel mundial.

Un estudio publicado por la OIT en enero de este año reflejó que apenas un 10 por ciento de los empleados domésticos se beneficiaban por las legislaciones laborales que amparan a otros trabajadores, mientras que al menos un cuarto de ellos estaban completamente excluidos de esas normas nacionales.

lac/wmr
 
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El Derecho, vía para lograr los objetivos sociales

RICARDO SEPÚLVEDA

Opinión: El Derecho, vía para lograr los objetivos sociales

, 2013   





Ricardo Sepúlveda Iguíniz es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana, licenciado por la Escuela Libre de Derecho y especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Director general de Política Pública de la Secretaría de Gobernación, profesor de la Escuela Libre de Derecho y la Universidad Anáhuac, conferencista, consultor y exdirector del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.

***

Ricardo Sepúlveda.Ricardo Sepúlveda. ()


Durante mucho tiempo se ha identificado al Estado de Derecho como la situación óptima a la que puede aspirar una sociedad política.

Se ha afirmado que el Derecho, entendido como un conjunto de reglas democráticamente aceptadas, es el mejor camino para el logro de los altos objetivos sociales. Sin embargo, hoy esta afirmación ha sido superada por la realidad.

El Estado de Derecho no da suficientes respuestas a la complejizada realidad social, ni supone una garantía per se de obtener situaciones de igualdad o de justicia material –quizá la formal sí la proporciona- que son los fines de cualquier sociedad humana.

Hasta convertirse en una frase trillada y vacía, se ha repetido por décadas que el deber de la autoridad es "aplicar la ley", "llevar la ley hasta sus últimas consecuencias", "aplicar todo el rigor de la ley", etc., etc. La desconfianza ante estas declaraciones fáciles pero imprecisas, es lo que ha llevado a la necesidad de dar pasos hacia adelante que devuelvan la confianza en una relación tan atribulada, como es la que se da entre el derecho y la sociedad, dos actores que se necesitan y repelen al mismo tiempo.

Efectivamente el derecho ha demostrado que es necesario para normar la vida social, pero al mismo tiempo ha dejado ver que por sí mismo no tiene la capacidad de resolver todas las problemáticas, ni de llenar las amplias expectativas humano-sociales. Por su lado, la vitalidad social ha mostrado, igualmente, su indocilidad a las reglas jurídicas y ha probado su capacidad de trascender los cánones jurídicos y de imponer los suyos. Esto ha puesto en entredicho, entre otras cosas, la permanencia del concepto de Estado de Derecho.

Ante este panorama, que no es solo nacional, han empezado a surgir nuevas fórmulas para explicar de mejor manera, sobre todo de forma más explícita, en qué consiste la tarea final del Estado, donde el derecho no sea fin sino instrumento y donde los miembros del Estado, que son las personas, ubiquen el lugar que les corresponde como sentido y fin de la institución social. Todo ello con el propósito de encontrar fórmulas más eficaces y claras para orientar la actividad de las autoridades estatales y, en general, de los actores sociales.

Parece un tanto paradójico que aún hoy estemos haciendo estos planteamientos, pero es la realidad, por alguna razón, durante cierto tiempo, se llegó a considerar que la existencia del Derecho era en sí misma una fórmula ciega que conducía irremediablemente al bien común. Hoy sabemos que este "bien común" no es una idea mítica sino concreta y que no pasa por encima de los bienes individuales, específicamente de los derechos humanos de cada integrante del Estado.

Efectivamente parte de la desviación que han tenido determinados regímenes políticos, a lo largo de la historia, se ha dado por lo que hemos querido denominar la separación entre el Estado y los derechos humanos, una separación por cierto antinatural, ya que el Estado surgió históricamente para defender estos derechos y sólo tiene sentido si consigue este objetivo. Sin embargo la realidad ha sido otra y, según se ha visto, el Estado puede, al mismo tiempo, conseguir logros tangibles en rubros globales, al mismo tiempo que fracasar rotundamente en su fin último, dar protección y garantizar el goce y ejercicio de los derechos de sus integrantes. Más allá del caso evidente de las dictaduras "de derecho", esta es la situación que se presenta por ejemplo en Estados que ostentan sus cifras macroeconómicas a la par que se sumen en índices elevados de pobreza, o en países donde se presumen de grandes piezas legislativas, a la par que se desarrolla un grave contexto de corrupción o de violaciones fácticas a los derechos humanos.

Aquí es donde se incrusta la novedad de conceptos como el deEstado de derechos o el de sociedad de derechos. El cambio de términos recoge precisamente esta preocupación, buscando  modificar la relación entre los factores y establecer un orden de prioridad diferente. De por sí, supone un avance rescatar en el mismo nombre del Estado su propia finalidad, como si con ello se quisiera asegurar que no se pierda de vista. Sin embargo, el cambio no se acota a lo meramente nominal. 

Hay que tomar en cuenta que no se trata solamente de una idea teóricamente sólida, sino de la respuesta a una serie de desviaciones prácticas repetidas a lo que es, todavía, la historia reciente, del Estado moderno. De esta forma, el cambio debe suponer un giro concreto que impacte en el sistema jurídico y en las políticas administrativas y judiciales

Esto ha sido recogido ya por algunos textos constitucionales, como es el caso de la Constitución de Ecuador o la de República Dominicana, en los que explícitamente se recoge en un dispositivo constitucional, la definición del régimen estatal, como el de un Estado de Derechos. El debate ha pasado  de lo meramente doctrinal o académico, a los textos legales y a los principios de actuación política.

Tomando en cuenta el carácter cultural que se le reconoce, cada vez más, a la Constitución hasta tomar carta de naturalización, por la cual esta juega un papel fundamental en la evolución de la ideología social, resultan muy significativas las construcciones conceptuales que se adopten por la Constitución. De esta forma se supera la visión positivista que atribuía a la Constitución solamente una función jurídica y que llamaba retórica a todo lo que no fuera un imperativo legal.

Así, desde el ámbito del Derecho Constitucional y de la ciencia política, se percibe una nueva tendencia dirigida a fortalecer la función del Estado como organización social orientada a la defensa de los derechos humanos.

Gracias al movimiento de los derechos humanos se ha venido a transformar el concepto de Estado de Derecho que dejó de brindar las soluciones a sociedades mucho más complejizadas y las problemáticas que se presentan ahora por actores incluso no estatales. Las responsabilidades del Estado han crecido y no es suficiente con el concepto básico del cumplimiento de la ley, sino que es necesario nuevas ideas y mecanismos para el logro de los objetivos del Estado.

Sin embargo hay una precisión más, ya que si bien la incorporación del concepto derechos sustituyendo al de derecho le imprime otra orientación a toda la estructura estatal, hay una diferencia entre hablar de Estado de derechos o de una sociedad de derechos,este último término aporta una dimensión mayor.

Durante muchos años, siglos de hecho, el debate entre si la organización política moderna debería llamársele Estado o sociedad, ha sido permanente. La conclusión es que esta realidad, a la que llamamos, Estado, país, sociedad, patria y de otras formas, es una realidad compleja que participa de muchos elementos, por ello se le puede llamar simultáneamente y sin perder precisión, sociedad o Estado, como dos realidades intrínsecamente unidas que se implican mutuamente. Sin embargo la utilización de uno u otro nombre tiene importantes implicaciones.

La utilización del término Estado hace énfasis en el aspecto de la autoridad, la utilización de sociedad, en cambio, pone el acento en la población, es decir en las personas que integran la organización social. Estado remarca los valores de orden, regulación, estabilidad; sociedad nos habla, en cambio, de participación, dinamismo, cooperación, cultura. En este sentido, siguiendo la misma línea argumentativa, la utilización de uno u otro término dependerá de cuál sea el énfasis que se quiera hacer o el aspecto que se pretenda remarcar.

En  el caso de los derechos humanos cabe hacerse esta pregunta, cuál es el término más acorde con su naturaleza. No parece caber duda a que resulta más adecuado el término sociedad que el de Estado para hablar de estos derechos, si consideramos que los titulares naturales de este derecho son las personas. En ese sentido, el término sociedad de derechos supera en alcance y significado al concepto de Estado de Derechos.

En el arranque del actual gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto utilizó el término sociedad de derechos en su discurso inicial, para referirse al objetivo que debería de buscarse con las políticas en materia de derechos humanos. Las implicaciones que tiene el uso de este término debe leerse en el contexto de esta evolución, como una propuesta de transformación a la visión que actualmente tenemos del Estado mexicano. La invitación, en este sentido, significa perseguir como objetivo la garantía de los derechos, por encima de la aplicación formal de la ley. El cambio no es menor.

Bajo la perspectiva de este análisis, queda claro que el reto que podemos fijarnos es muy alto y que no basta con hacer y aplicar leyes, que no sería poco, sino de cambiar una cultura de fondo. Esto no se puede hacer sólo desde la autoridad, lo que tenemos que construir es una sociedad nueva, fundada en los valores de respeto a la dignidad y a los derechos de todas y todos.


Saludos
Rodrigo González Fernández
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#rse jUST BUSSINESS

MIÉRCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013 11:48
ESCRITO POR JORDI JAUMÀ BRU
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John Ruggie. diarioresponsable.com  El próximo 13 de septiembre el que fuera Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Empresa -el profesor John G. Ruggie- de la Harvard's Kennedy School of Government presentará en Madrid su libro "Just Business" que versa sobre la relación entre Empresas multinacionales y Derechos humanos.

El Profesor Ruggie se encontrará en la capital de España en esos dias para participar en la presentación de los Planes de sostenibilidad de Repsol para los años 2013- 2014.

Para Isabel Roser, impulsora junto con María Prandi de Business and Human Rights (BHR)- una empresa consultora especializada en temas de derechos humanos y laborales, sostenibilidad y desarrollo: "Esta es la oportunidad para los actores españoles interesados en DDHH y responsabilidad sociual de encuentro personal que llevamos esperando desde hace años. Será un encuentro con la persona que más va a marcar la agenda de las nuevas tendencias de gestión responsable de aquellas multinacionales que quieran identificarse como líderes e innovadoras."

En el evento - moderado por María Prandi- participará el presidente de ESADEgeo, Javier Solana, referente internacional en materia de geoestrategia.

Para asistir a la presentación, cuyas plazas so limitadas, es imprescindible rellenar el formulario en la web de Business and Human Rights.

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Leer más:  RSE.- John Ruggie presenta su libro "Just Bussines" en Madrid de la mano de BHR | Diario Responsable  http://www.diarioresponsable.com/empresas/noticias/16703-rse-john-ruggie-presenta-su-libro-qjust-bussinesq-en-madrid-de-la-mano-de-bhr-.html#rQL6wWgJGKcmqfOr
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John O Reilly con arresto domiciliario acusado de abusos sexuales.

Arresto domiciliario y arraigo nacional decretó la justicia para el sacerdote John O'Reilly

La Corte de Apelaciones de Santiago ha decretado hoy el arresto domiciliario total y el arraigo nacional para el ex capellán del Colegio Cumbres, acusado de abusar sexualmente de dos menores asistentes a ese establecimiento educacional. Luego de la audiencia realizada la semana pasada, recién este miércoles la Justicia decretó el fallo para el sacerdote. [...]

Publicado el 4 Septiembre, 2013 por Javiera Hernández / 0 Comentarios

John O'Reilly

La Corte de Apelaciones de Santiago ha decretado hoy el arresto domiciliario total y el arraigo nacional para el ex capellán del Colegio Cumbres, acusado de abusar sexualmente de dos menores asistentes a ese establecimiento educacional.

Luego de la audiencia realizada la semana pasada, recién este miércoles la Justicia decretó el fallo para el sacerdote.

En la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, se resolvieron esta mañana las medidas cautelares del sacerdote Legionario de Cristo John O'Reilly, quien permanecía en libertad luego que la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Díaz-Muñoz desestimara la existencia del delito y la participación del imputado.

Arresto domiciliario total y arraigo nacional fueron las medidas determinadas por el tribunal de garantía para un plazo de 120 días de investigación, luego de los que se realizará un juicio oral.

Los fiscales de la zona Oriente, Lorena Parra y Matías Moya recurrieron ante la Corte de Apelaciones por considerar que la medida cautelar de prisión preventiva es la única pertinente por la gravedad del delito.

"Estimamos que los antecedentes son suficientes como para estimar la existencia del delito y la participación del imputado en éste", dijo el fiscal Moya minutos antes de presentar la apelación ante la Corte.

El abogado querellante, Juan Ignacio Escobar dijo que "esta medida garantiza el éxito de esta investigación.En la audiencia, el abogado defensor del sacerdote, Luis Hermosilla, denunció ante el Tribunal contradicciones en el relato de la madre de las presuntas víctimas y acusó a la fiscalía de llevar adelante una "investigación sesgada".

Fuente:duna.cl

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INTERVENCION EN SIRIA AD PORTAS

Kerry, Hagel y Dempsey testifican a favor de la intervención a Siria

El presidente de asuntos conjuntos el general Martin Dempsey (i), el secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry (c) y el secretario de defensa Chuck Hagel (d) hablan ante el Comité de Relaciones Internacionales del Senado hoy, martes 3 de septiembre de 2013, para buscar apoyo a favor de la intervención estadounidense en Siria en Washington (Estados Unidos). La administración del presidente estadounidense Barack Obama está haciendo lobby en el Congreso para buscar apoyo para un ataque controlado en Siria para contrarrestar el supuesto ataque con armas químicas que mató a más de 1,400 personas el pasado 21 de agosto de 2013. JIM LO SCALZO / EFE

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CRISTINA FERNANDEZ

TRAS LOS CRUCES POR LAN

Cristina volvió al Twitter y esta vez elogió a Piñera

La mandataria destacó por la red social las declaraciones del Presidente chileno sobre la dictadura pinochetista.

  • Cristina volvió al Twitter y esta vez elogió a PiñeraAMPLIAR IMAGEN
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      Parece que el Twitter de Cristina Kirchner continúa siendo la herramienta de comunicación preferida de la Presidenta. Después de los fuertes cruces que generó la mandataria con su par chileno, Sebastián Piñera, por sus filosos comentarios sobre LAN, Cristina ahora destacó las declaraciones del presidente chileno sobre la dictadura pinochetista.

      "Sebastián Piñera al periódico 'La Tercera': al cumplirse el próximo 11/9 40 años del golpe militar que derrocó al Presidente Allende Sostuvo: que también "hubo muchos cómplices pasivos", entre los que mencionó a "jueces que se dejaron someter y negaron recursos de amparo que habrían permitido salvar tantas vidas". ¿qué tal?", escribió ayer a la mañana Cristina en la red social.

      Así, la Presidenta modificó sus dichos "contra" Piñera por haber sido dueño de la línea aérea LAN y sus filosos comentarios sobre la venta de la empresa, por elogios al mandatario chileno. Sin embargo, desde el país vecino hubo una rápida respuesta a los tuits de Cristina. "En , el Presidente y los parlamentarios son democráticamente elegidos, con total transparencia de su trayectoria y de su patrimonio e intereses. Una vez electos, desde el Presidente hasta cualquier alto funcionario público debe cumplir las normas de transparencia y declarar su patrimonio y todos sus intereses", afirmó el canciller chileno, Alfredo Moreno.

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